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Son de todos
Una vez más, inquietantes noticias nos llegan de quienes dicen velar por los intereses comunes, los mismos que ahora pretenden deshacerse de parte de un patrimonio natural que nos pertenece a todos: los Montes de Utilidad Pública. La ciudadanía debería ponerse del lado de los colectivos que tratan de oponerse a semejante dislate, esto es, junto a ecologistas e ingenieros. Y para ello, como siempre, es preciso recabar más información.
En La Serranía de Cuenca a fondo ya recogíamos que un Monte Público o Terreno Comunal es cualquier terreno baldío e inculto y de aprovechamiento común. Pertenece al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. Los Montes de Utilidad Pública son uno de los tipos de Monte Público existentes en nuestro país. Un Real Decreto de 1896 los define como "...las masas de arbolado y terrenos forestales que por sus condiciones de situación de suelo y de área sea necesario mantener poblado o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar por su influencia física en el país o en las comarcas naturales donde tenga su asiento la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras."
Esto que se quieren cargar ahora tiene por tanto unos indudables beneficios para toda la sociedad y un recorrido histórico que tendemos a olvidar con demasiada facilidad. Víctor M. González, Ingeniero Técnico Forestal, escribe en Historia de los bosques que fue la reina Isabel II quien llamó a Juan Álvarez Mendizábal para que salvara su trono de una situación crítica debido a la guerra con los carlistas. Y así comenzó la tercera desamortización, que afectó en gran manera a bosques, dehesas y pastos, pasando la mayoría a manos particulares. Algunos de estos montes pertenecieron a Ayuntamientos que los explotaban para conseguir unos ingresos que en buena parte iban destinados a sostener la escuela pública. Los bosques, por tanto, contribuyeron al desarrollo de la escolarización rural.
A la izquierda, Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853). A la derecha, Pascual Madoz (1806-1870).
Posteriormente hubo una cuarta desamortización, la del Ministro de Hacienda Pascual Madoz. Aquí se incluyeron montes que habían sobrevivido a las roturaciones de la Edad Media, guerras sucesivas y La Mesta. Entonces se levantaron voces contrarias, con el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes, que postulaban la necesidad de proteger los montes, y los forestales reciben el encargo de señalar qué montes se podían vender y cuáles no. “Para ello no se les concede más plazo que tres meses, por lo que a pie y a caballo recorren el país clasificando los montes en «enajenables» y «exceptuados de la venta»”. Consiguen así “salvar” siete millones de hectáreas de un total de diez millones. Sin embargo, no lograron que la ley recogiera la totalidad de su propuesta porque Hacienda estaba ansiosa por vender todo lo posible.
Castillo de Villaviciosa de Odón. Sede de la Escuela de Ingenieros de Montes (1848-1871).
Así nació el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuyos trabajos finalizaron en los primeros años del siglo XX. Este Catálogo es un conjunto de terrenos esenciales para combatir la erosión, la preservación del régimen hidrológico, la reducción de los desprendimientos de tierras, la repoblación o mejora forestal y la conservación de la diversidad biológica. Este es el legado que ahora nos quieren cercenar.